La Fiscalía de Cartagena ve “criminalidad” en el contrato de aguas del Ayuntamiento de San Javier

La Fiscalía de Cartagena ha lanzado un aviso importante en torno a la licitación del contrato de gestión del agua y alcantarillado del Ayuntamiento de San Javier. La investigación de la Fiscalía ha encontrado “INDICIOS DE CRIMINALIDAD” en los procedimientos relacionados con este contrato, que ha generado preocupación en la comunidad y ha sido objeto de controversia. Estos hallazgos confirman las inquietudes previamente planteadas por el grupo municipal Pleamar sobre posibles irregularidades en un contrato valorado en 247 millones de euros y con una duración de dos décadas.

El contexto problemático y las sospechas de corrupción

La controversia en torno a este contrato se ha centrado en la selección de la consultora externa Ingeagua para la redacción y evaluación de las propuestas presentadas. Se ha cuestionado la objetividad de las evaluaciones, que parecen haberse basado en criterios subjetivos de adjudicación sin proporcionar razones específicas para otorgar la máxima puntuación. Además, ha surgido disputa en torno al presupuesto presentado por FCC Aqualia, que superó en un 24% el límite económico máximo establecido en las especificaciones de la licitación.

La Relación con Ingeagua y Aqualia

Las sospechas se intensificaron cuando se reveló que Ingeagua había alentado a Aqualia, una empresa que también es cliente suya, a participar en el concurso. En respuesta a estas sospechas de ilegalidad, la Fiscalía ha centrado su investigación en Aqualia y está buscando acceso al contrato con Ingeagua para esclarecer esta relación y determinar si existen irregularidades.

El Rol del ingeniero municipal

Otro punto de interés en la investigación es el papel del Ingeniero Municipal local, Juan Gabriel Lizán García, quien decidió y contrató a Ingeagua para la gestión de la licitación del contrato del agua de San Javier. Cabe señalar que Lizán García tenía una relación previa con FCC Aqualia debido a su trabajo en la Oficina Técnica Municipal de Moratalla, donde supervisaba un contrato de servicios de agua gestionado por esta empresa.

La Respuesta de Pleamar y el Silencio del Ayuntamiento

Las sospechas de irregularidades en la licitación del contrato del agua y el alcantarillado surgieron hace meses y culminaron en manos de la Fiscalía debido al silencio flagrante del Ayuntamiento de San Javier sobre el tema. Pleamar había instado al alcalde, José Miguel Luengo Gallego, a comparecer públicamente para aclarar las noticias que apuntaban a supuestas ilegalidades en el contrato. Ante la falta de respuesta del alcalde, Pleamar llevó el caso ante la Fiscalía en cumplimiento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La confirmación por parte de la Fiscalía de “INDICIOS DE CRIMINALIDAD” en el contrato de aguas del Ayuntamiento de San Javier arroja luz sobre una situación problemática que ha generado inquietud en la comunidad. La investigación en curso está dirigida a determinar si existen irregularidades en la adjudicación del contrato y en la relación entre las partes involucradas. En un momento en que la transparencia y la legalidad son esenciales en los procesos de contratación pública, estas revelaciones ponen de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva y la importancia de garantizar la integridad en la toma de decisiones en beneficio de la comunidad.