Se hacen públicos los lazos laborales del Alcalde de San Javier con el contratista principal de obras de Aqualia, después de conferirle un contrato de 247 millones de euros

Revelados Vínculos Laborales del Alcalde de San Javier con el Principal Contratista de Aqualia Tras la Adjudicación de un Contrato de 247 Millones de Euros

El proceso de licitación del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado en San Javier, Murcia, ha dado un giro inesperado. Una investigación a la que hemos tenido acceso ha sacado a la luz que el actual alcalde, José Miguel Luengo Gallego, mantuvo una relación laboral previa con el principal contratista de obras propuesto por Aqualia. Este hallazgo se produce después de que Aqualia obtuviera el contrato municipal por un valor de 247 millones de euros. Estas revelaciones aumentan las preocupaciones acerca de posibles conflictos de interés en el proceso de licitación de este servicio esencial en el municipio murciano.

José Miguel Luengo Gallego, un ingeniero con especialización en topografía y urbanismo, trabajó en la empresa José Diaz Garcia S.A. hasta 2011. Además, presidió la mesa de contratación encargada de adjudicar el contrato a Aqualia.

José Díaz García S.A., una empresa de construcción con sede en San Javier y reconocida a nivel nacional por su experiencia en proyectos integrales, ha sido propuesta por Aqualia como la contratista encargada de realizar las obras civiles necesarias en el municipio, según la documentación pública relacionada con el proceso de licitación.

La relación laboral de José Miguel Luengo Gallego con el contratista se estableció en 2008 y se extendió hasta 2011, cuando inició su carrera política como diputado en la Asamblea Regional de Murcia y como concejal de Obras, Servicios Municipales y Pedanías en el Ayuntamiento de San Javier.

Desde junio de 2015, José Miguel Luengo Gallego ocupa el cargo de alcalde en San Javier, con una asignación salarial anual de 52,000€, además de ejercer la presidencia en la comisión de Medio Ambiente de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Un aspecto sumamente preocupante es que, en su papel de alcalde de San Javier, Luengo Gallego también preside la Mesa de Contratación del municipio, una entidad encargada de tomar decisiones relacionadas con los contratos públicos. Esto incluye supervisar la declaración responsable relacionada con la capacidad y solvencia de los licitantes, determinar la exclusión de licitadores que no cumplen los requisitos, asignar puntuaciones a los licitadores y seleccionar al licitador que obtiene el contrato. Curiosamente, la Mesa de Contratación respaldó la propuesta de Aqualia como ganadora del contrato de 247 millones de euros en septiembre, el contrato de mayor envergadura en el ámbito municipal.

Este reciente hallazgo plantea una serie de interrogantes acerca de si la relación laboral previa del alcalde pudo influir en la decisión de otorgar el contrato de servicios de agua a Aqualia. En respuesta a esto, diversos grupos sociales y partidos de la oposición en el municipio han estado presionando durante algún tiempo para detener el proceso de contratación y llevar a cabo una investigación exhaustiva con el fin de esclarecer posibles conflictos de interés en el proceso de licitación.

En el Punto de Mira de la Fiscalía

La Fiscalía de Cartagena ha planteado serias interrogantes sobre el proceso de licitación. A solicitud del grupo municipal Pleamar, en el pasado mes de septiembre, la Fiscalía de Cartagena inició una investigación en relación con la adjudicación del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, debido a la detección de indicios de posibles actividades delictivas en el concurso público.

Además, el escrito de la Fiscalía también ha puesto su atención en la conducta controvertida del Ingeniero Municipal de San Javier, Juan Gabriel Lizán García, quien tenía vínculos previos con Aqualia y, paradójicamente, fue nombrado funcionario de carrera en San Javier por el propio alcalde Luengo Gallego. Este nombramiento ha generado acusaciones políticas de favoritismo y de tráfico de influencias en el proceso de selección, lo que agrava aún más la situación.