San Javier: Escándalo y Polémica en el Ayuntamiento por la Concesión del Servicio de Agua en Pleno Extraordinario
El martes 3 de octubre, un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de San Javier se ha convertido en el epicentro de un escándalo relacionado con la concesión del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado a la empresa Aqualia. El proceso ha estado plagado de graves irregularidades que han generado preocupación y controversia en la comunidad.
Inicialmente, este pleno se convocó con la finalidad de informar a los partidos políticos sobre el proceso de adjudicación. Sin embargo, para sorpresa de todos los asistentes y sin permitir preguntas ni ruegos, se utilizó para dar luz verde a la concesión. La aprobación se logró gracias a los votos a favor de todos los miembros del gobierno municipal, mientras que Vox se abstuvo, y el PSOE, Pleamar y el grupo mixto votaron en contra.
El alcalde del municipio, José Miguel Luengo Gallego, del PP, y la concejala de contratación, María del Mar Pérez Mateo, se encontraron en el centro de la controversia al defender el proceso de adjudicación a pesar de las evidencias presentadas por la oposición que apuntaban a opacidad y múltiples irregularidades.
A pesar de las quejas y preocupaciones planteadas por los partidos políticos y las investigaciones en curso realizadas por la Fiscalía de Cartagena, que ha señalado posibles indicios de criminalidad en el proceso de licitación, el gobierno municipal decidió seguir adelante con la adjudicación.
La concejala Pérez Mateo intentó justificar las ofertas inusualmente altas presentadas por algunas empresas argumentando que estaban dentro de los precios de mercado según un informe de Ingeagua, una empresa vinculada a Aqualia. Sin embargo, una investigación reveló que gran parte de la documentación estaba prácticamente en blanco y que los informes de Ingeagua carecían de detalles justificativos sustanciales.
El alcalde Luengo Gallego desestimó la posibilidad de suspender el procedimiento a pesar de las advertencias de la oposición sobre posibles perjuicios para San Javier en caso de nulidad. Argumentó que el procedimiento era “impecable” y que el pleno era simplemente un trámite sin opciones de ser recurrido.
La situación ha generado un clima de desconfianza en el gobierno municipal y en los miembros de la Mesa de Contratación. Varios grupos políticos han exigido transparencia y rendición de cuentas por parte del Ayuntamiento de San Javier, así como la paralización del contrato hasta que se aclaren todas las irregularidades.
El episodio actual es solo un capítulo en la prolongada controversia en torno a la gestión del agua potable y alcantarillado en la localidad murciana. La aprobación definitiva debe pasar aún por el pleno ordinario de octubre, programado para el próximo día 18. Esta elección de fecha, en medio del plazo legal de presentación de recursos en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TarRC), ha suscitado críticas y preocupaciones adicionales. El Ayuntamiento de San Javier busca adjudicar el contrato a Aqualia antes de que finalice el proceso legal de presentación de recursos, lo que podría aumentar los gastos administrativos municipales si se revierte la contratación, afectando a los ciudadanos de San Javier.
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