Vínculos del alcalde de San Javier con empresa contratista de 247 millones
El Alcalde de San Javier y el Contrato de 247 Millones” José Miguel Luengo Gallego, miembro del Partido Popular y actual alcalde de San Javier, ha estado vinculado de manera sorprendente a la empresa constructora José Díaz García S.A. durante tres años. Esta misma empresa se encargará de llevar a cabo todas las obras civiles propuestas por Aqualia para la gestión del agua y el alcantarillado en el municipio murciano.
Aprobación del contrato por FCC a pesar de la investigación
En un giro inesperado, a pesar de la investigación de la fiscalía, se tiene previsto llevar a cabo la aprobación del contrato con Aqualia en el pleno municipal que se celebra este jueves. Esto se llevará a cabo con la participación mayoritaria del Partido Popular.
Antiguo empleo en José Díaz García S.A. según Linkedin
Si se examina el perfil público de LinkedIn de José Miguel Luengo Gallego, se verifica que trabajó como ingeniero de obras públicas en la empresa José Díaz García S.A. durante tres años. Esto se convierte en un detalle fundamental, ya que esta empresa es el principal contratista de obras propuesto por Aqualia. Por lo tanto, todas las obras civiles relacionadas con el mantenimiento e inversiones en el marco de la gestión del agua y el alcantarillado serán responsabilidad del antiguo empleador del alcalde de San Javier. Esta revelación se suma a la creciente montaña de indicios de conflictos de interés que están marcando el proceso de licitación del servicio de agua en este municipio murciano. José Miguel Luengo Gallego se encuentra en el epicentro de las sospechas de posible tráfico de influencias.
Luengo Gallego es técnico superior en topografía y urbanismo, así como ingeniero técnico de obras públicas con especialidad en urbanismo. Su relación laboral con el contratista de obras de Aqualia comenzó en el año 2008. Durante este período, tuvo la responsabilidad de dirigir estudios y proyectos de obras de carreteras, ferrocarriles, puertos, y también de captación, distribución y depuración de aguas.
Además de su función como alcalde de San Javier, Luengo Gallego desempeña el papel de presidente de la Mesa de Contratación del municipio. Este órgano es el encargado de la resolución de los contratos públicos. Coincidentemente, la Mesa de Contratación aprobó en septiembre la propuesta de Aqualia como la empresa seleccionada para llevarse el contrato de 247 millones de euros, el más lucrativo de todos los que se han licitado a nivel municipal.
Interrogantes sobre un posible conflicto de intereses
La revelación de esta relación laboral previa del alcalde ha generado serias dudas sobre si esta situación pudo haber influido en la decisión de otorgar el contrato de servicios de agua a Aqualia. A pesar de que la investigación de la fiscalía aún no ha concluido, el ayuntamiento de San Javier se apresura a aprobar la adjudicación a Aqualia durante una reunión del pleno municipal. Este apresuramiento podría resultar costoso, ya que si se presentan recursos y son admitidos a trámite, podría ser necesario revertir el proceso de contratación, lo que aumentaría significativamente los gastos administrativos municipales.
Incertidumbre y opacidad en el proceso
La investigación de la Fiscalía de Cartagena, que se encuentra pendiente de cierre, ya ha advertido de indicios de criminalidad y un posible delito de prevaricación administrativa según el artículo 404 del Código Penal en el proceso de licitación del contrato de agua. A pesar de los intentos del alcalde por justificar la licitación, el análisis de la documentación disponible en la plataforma de contratación revela que no toda la información del expediente está disponible. Además, gran parte de los contenidos publicados por los ofertantes y en los informes de la consultoría externa contratada para crear y evaluar las propuestas están censurados por motivos de confidencialidad, dificultando el acceso a información completa y legítima.
Preocupaciones y denuncias
El partido de la oposición en el ayuntamiento, Pleamar, ha destacado el posible conflicto de intereses entre la consultora y el concurso público. Ingeagua invitó a FCC Aqualia a participar en la adjudicación debido a que Aqualia es uno de sus clientes. El 3 de mayo se comunicaron las valoraciones, y Aqualia recibió la máxima puntuación posible. Además, al abrir los sobres de la oferta económica, se pudo comprobar que la oferta de Aqualia superaba en más de 16 millones el límite permitido y se situaba un 56% por encima de las ofertas de otros concursantes. Esto ha generado preocupación, ya que se ha observado una coincidencia frecuente entre Ingeagua y Aqualia en otros concursos en los que la empresa de FCC ya opera.
Este complejo escenario plantea numerosas interrogantes sobre la transparencia y la integridad del proceso de licitación, y ha llevado a un llamado a la vigilancia y denuncias ciudadanas.
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